No deja de llamar la atención que muy poca gente recuerde hoy cómo quedaron en saco roto todas aquellas promesas que se hicieron en relación a la implantación del Plan Bolonia, promesas destinadas a vencer las resistencias de los que cuestionaban el proceso. Ya nadie recuerda cómo fueron tratados los que se opusieron a dicha implantación, acusados de tener miedo al cambio. Ahora, en medio del desmantelamiento de lo público y el éxodo de los jóvenes egresados, “palabros” como “empleabilidad” y “movilidad” suenan a farsa y a millones invertidos por la Universidad pública española en propaganda; suenan a negocio de unos pocos y fracaso de muchos. Al tiempo que se fortalecían las fundaciones universitarias* (auténtica privatización de la Universidad), los estudiantes eran desposeídos de los pocos derechos que se habían podido conquistar a lo largo de los últimos decenios de lucha estudiantil.
La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior se acompañó de los viejos mecanismos represivos que había desarrollado la Universidad franquista de los años 50. A la hora de neutralizar la crítica y la resistencia estudiantil no se ha dudado en utilizar el Reglamento de Disciplina Académica del 54, reglamento que no ofrece garantías a los estudiantes y que nos permite ver dos de los elementos que, sin duda, caracterizan a la Universidad pública española: la precariedad democrática y el caudillaje que ejercen los rectores. En líneas generales, la persistencia de un reglamento disciplinario de este calibre en la Universidad pública nos permite constatar el sentido real de la denominada “autonomía universitaria”.
Las mil veces mentada y reclamada “autonomía universitaria” se nos muestra como un elemento degradado que, en medio de estas circunstancias, solo puede encubrir la falta de transparencia y el autoritarismo del profesorado**. Dotados de su reglamento disciplinario, por poner un ejemplo, los profesores, con su rector al frente, solo deberán contar con la autonomía suficiente que les garantice impunidad e “infalibilidad” a la hora de aplicar dicho reglamento a los alumnos y alumnas díscolos.
En definitiva, al mismo ritmo que se implanta el Plan Bolonia se consolida una Universidad de Orden. Una Universidad que reclama el viejo marco de relaciones en las que el alumno degradaba su condición y el profesor ejercía su particular voluntad de dominio. Dadas estas circunstancias, dos serán las misiones fundamentales que deberá asumir el movimiento estudiantil; primero, quitar la máscara al profesorado universitario, tomando conciencia de que, pese a “convivir” en el mismo espacio, los intereses de ambos colectivos son diametralmente opuestos; y segundo, luchar por una Universidad abierta, democrática y a la que sea posible acceder, es decir, luchar contra las tasas y defender una política de becas y ayudas que sea real.
T. Joad
NOTAS:
*En el caso particular de la ULL, el proceso de privatización se ha desarrollado desde la Fundación Empresa ULL (ahora denominada Fundación General Universidad de La Laguna). Un ejemplo de este proceso privatizador son los cursos de idiomas que exige la institución para acceder a algunos másteres y que son ofertados por la Fundación: cursos de idiomas o exámenes exprés del B1 a “buenos precios”. Aunque el volumen histórico de negocio generado por esta Fundación nos es del todo desconocido, dada la opacidad de la misma.
** No debemos nunca olvidar que el rector es un profesor y que a efectos prácticos los profesores son los que eligen, de entre los profesores de mayor categoría (los catedráticos), quién deberá ocupar el puesto dirigente en la institución. En este momento, la principal medida anti-crisis adoptada por el profesorado es la de reunirse alrededor de la figura del rector. Doménech, en estas circunstancias, ejerce un doble papel en la ULL: la de rector-presidente y la de “líder sindical” del profesorado.
